Desde el pasado 9 de octubre, un total de 271 municipios en Cataluña han empezado a implementar límites a los precios de los alquileres. Este grupo incluye 131 localidades adicionales que se suman a las 140 ya declaradas como zonas de mercado residencial tensionado desde marzo de este año, con la publicación de la lista en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta medida afecta a más del 90% de la población catalana, un paso dentro del marco de la Ley de Vivienda que permite a las comunidades autónomas controlar los precios de los alquileres. En Fincas Dueñas te contamos cuáles son estas nuevas zonas tensionadas.
La Generalitat de Cataluña solicitó la ampliación de las zonas tensionadas, una medida que fue aprobada durante el gobierno de Pere Aragonés (ERC) y que continúa con la administración de Salvador Illa (PSOE). Los trámites para esta extensión comenzaron en abril, justo después de que entraran en vigor las primeras 130 zonas. En julio, la medida fue oficializada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Para que una localidad sea declarada como zona tensionada, la solicitud debe ser aprobada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), lo que luego permite su publicación en el BOE.
El aumento de municipios con límites al alquiler se da a conocer el mismo día en que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, presentó un informe sobre la evolución de los precios en las zonas donde ya se aplican estas medidas. Según el informe, en las 140 localidades con mercados tensionados, los alquileres aumentaron un 0,1% respecto al mismo periodo del año anterior, pero cayeron un 5% con respecto al trimestre anterior. Por otro lado, en el resto de Cataluña, fuera de las zonas intervenidas, los alquileres subieron un 5% interanual.
El Ministerio de Vivienda ha destacado los efectos positivos de estas medidas, que han logrado frenar el crecimiento continuo de los precios del alquiler durante 11 trimestres. Este es un paso importante para garantizar el acceso a la vivienda digna a precios más asequibles. Las nuevas regulaciones también incluyen la posibilidad de limitar las subidas de precios en nuevos contratos de alquiler y modificar el régimen de prórrogas para los contratos existentes, con incentivos fiscales para los pequeños propietarios.
